Redes eléctricas en riesgo: casi la mitad de las distribuidoras de América Latina no monitorea sus sistemas

Un estudio de ADELAT, realizado sobre 25 distribuidoras de 10 países, advierte sobre las brechas de monitoreo y las dificultades para financiar medidas de ciberseguridad en el sector eléctrico.

La ciberseguridad se convirtió en uno de los desafíos de la transición energética en América Latina. Un estudio de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica Latinoamericanas (ADELAT) reveló que el 46% de las empresas relevadas no monitorea sus redes de operación, una brecha que puede comprometer la detección de incidentes y la protección de la infraestructura eléctrica.

El informe, titulado “Redes bajo ataque: Ciberseguridad eléctrica en la era de la transición energética”, analizó información de 25 distribuidoras de 10 países y evaluó cinco áreas: seguridad de la infraestructura operativa, respuesta ante incidentes, gestión de terceros y protección de datos, capacitación y cultura organizacional, y gobernanza y presupuesto.

El diagnóstico identifica avances desiguales. Mientras el 74% de las empresas alcanza un nivel avanzado en la separación de sus redes corporativas y operativas, apenas el 21% llega a ese estándar en la protección de los dispositivos de campo, que forman parte de la infraestructura que permite controlar y operar las redes eléctricas.

La diferencia expone uno de los puntos críticos del sector: contar con barreras entre los sistemas informáticos administrativos y los sistemas que controlan la operación no garantiza, por sí solo, que todos los componentes de la red estén adecuadamente protegidos.

El problema del monitoreo y la gestión
El relevamiento también detectó falencias en la vigilancia de los sistemas. Del total de empresas analizadas, un 17% no cuenta con monitoreo activo de sus redes operativas, mientras que otro 29% solo supervisa la red corporativa.

Estas limitaciones pueden dificultar la identificación temprana de comportamientos anómalos y la respuesta ante incidentes que afecten la infraestructura crítica.

Las debilidades también aparecen en la estructura de gestión. En 12 de las 25 distribuidoras, la responsabilidad por la ciberseguridad está en manos de la jefatura de tecnologías de la información. Solo seis cuentan con un responsable ejecutivo de seguridad informática (CISO) que reporta directamente a la gerencia general o al directorio.

Para ADELAT, la dificultad para medir los beneficios económicos de las inversiones en ciberseguridad complica la asignación de recursos y la continuidad de los programas de protección.

La brecha entre las exigencias y el financiamiento
El estudio también examinó los marcos regulatorios de 11 países y encontró diferencias en las obligaciones que deben cumplir las distribuidoras. Brasil, Chile y Colombia cuentan con exigencias sectoriales vinculantes en materia de ciberseguridad.

Sin embargo, ninguno de los marcos analizados reconoce la ciberseguridad como una categoría tarifaria explícita y autónoma. Esto plantea un desafío para las empresas: responder a las exigencias de protección y, al mismo tiempo, contar con mecanismos que permitan reconocer y sostener los costos asociados.

La discusión adquiere relevancia a medida que las redes incorporan nuevas tecnologías, sistemas de monitoreo y herramientas digitales. Una mayor conectividad puede mejorar la operación, pero también amplía la necesidad de proteger los equipos, los datos y los sistemas de control.

Qué propone ADELAT
A partir del diagnóstico y de experiencias regulatorias de Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Australia, Ontario e India, el informe propone vincular las obligaciones de ciberseguridad con mecanismos de financiamiento, adaptar las exigencias al nivel de criticidad de cada operación y reforzar la coordinación entre los actores del sector.

También recomienda establecer sistemas de reporte de incidentes con garantías de confidencialidad, incorporar criterios de seguridad desde el diseño de los proyectos y desarrollar capacidades técnicas especializadas.

El objetivo es que la protección digital acompañe la modernización de las redes eléctricas. Para las distribuidoras y los reguladores, el desafío no se limita a prevenir ataques: también implica asegurar recursos, capacidades de respuesta y reglas claras para proteger un servicio esencial.